MALA HORA PARA EL SUR, La República

MALA HORA PARA EL SUR
Por Camilo Herrera Mora
Presidente de RADDAR
camiloherrera@raddar.net
colombiador.blogspot.com
Especial para La República

A veces es incómodo decir ciertas cosas que a las personas no les gusta escuchar, pero igual hay que decirlas: las poblaciones del sur del país tiene un serio problema cultural.

Este problema radica en los cultivos ilícitos y narcotráfico, donde las personas están acostumbradas a tener utilidades cercanas al 100% en los cultivos y la producción de droga; cuando la lucha antinarcóticos y la erradicación manual, redujo esto, la población se enfrentó a ingresos menores y descubrió las rentabilidades reales de una hectárea sembrada, y eso cambió el escenario.

Ese fue el caldo de cultivo para la aparición de las pirámides y del sistema de DMG, ya que igualaba las tasas de utilidad a las que estaban acostumbrados y consideraban normales. Es evidente que una rentabilidad superior al DTF es buena y motiva la inversión en ciertos sectores de la economía, pero cuando se presentan utilidades anuales superiores al 100% cabe recordar que la tasa de utilidad está directamente vinculada al nivel de riesgo.

Una persona que entra a un casino, apuesta a perder todo; una persona que compra acciones o bonos de alto riesgo, sabe que, mañana estos pueden valer menos que el papel. Esto fue lo que evitó que en Bogotá las pirámides crecieran tanto y que DMG se masificara, ya que el consumidor local es adverso al riesgo, sobre todo después de la crisis hipotecaria.

Medellín y Cali ya fueron tristes testigos de los impactos socioculturales del dinero fácil del narcotráfico, y al sur le llegó su hora. Lo curioso de esta situación, no es aceptar lo que ocurre, sino lo que conlleva: hoy el gobierno ya ha institucionalizado la socialización de las utilidades del narcotráfico en la economía.

El hecho de capturar los bienes de los narcotraficantes y reparar a las víctimas, no es otra cosa que legalizar socialmente las utilidades del este delito. Sin duda tiene algo de justicia, pero también tiene algo de peligroso, ya que al final el dinero del delito queda como capital legal en la economía.

Este es el punto fundamental a discutir. Una cosa es que una persona sea ambiciosa y quiera más por menos, y quizá que sea un fenómeno socialmente aceptado y colectivo en un grupo poblacional, pero que el Estado lo use de la misma manera y de esa manera equilibre sus déficit sociales, económicos y políticos es otra cosa. No podemos permitir que el Estado socialice las utilidades del delito ni mucho menos que financie sus pérdidas.

Hoy mucho señalan a los bancos como “responsables” por sus bajas tasas de ahorro y sus exorbitantes tasas de crédito; pero cuando se dio la crisis bancaria, el gobierno Pastrana salió a salvarlos porque eran los dineros de los ahorradores los que estaban en riesgo ante un problema nacional; no como en este caso, donde las inversiones de riesgo de algunos (muchos en el sur del país) se han perdido por un fenómeno delictivo. Sin duda cabe una responsabilidad por omisión o demora de acción a los agentes del Estado, pero no son los responsables del problema. Los papás no cubren las pérdidas de sus hijos en el casino.

El gobierno no puede ni mucho menos debe ayudar a solventar las pérdidas de los inversionistas de riesgo, y si lo hace está sentando un pésimo precedente. Al final la mayoría del dinero no se perdió sino que cambio de dueño, y por eso el efecto en la economía no es ni siquiera cercano al billón de pesos, que no es ni siquiera el 0,5% del consumo de los hogares colombianos. Es momento de decir que no, y buscar la forma de transformar la cultura y la producción del sur del país, no ir a pagar las deudas de aquellos que prefirieron tomaron un riesgo.